Los 90 neoliberales
Las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado se caracterizan,
desde el punto de vista político, por la sucesión de gobiernos cuyas políticas económicas
consolidaron en América Latina el modelo
neoliberal emergente del dominio del Consenso de Washington.
El derrumbamiento
del denominado socialismo real –fin del
comunismo orientado por el modelo soviético- había convalidado, al menos
discursivamente, el fortalecimiento de los partidos políticos conservadores,
sustentados en una ideología del fin del comunismo, y de sus doctrinas políticas,
sociales y económicas y el fin de la historia, que había impactado en la legitimación
de los partidos y movimientos sociales de izquierda con sus repercusiones en
los de la región.
Una de las
consecuencias fue la generación de un escenario propicio para la implementación
de un programa económico, el Consenso de Washington, que contenía en sus orígenes
10 medidas dirigidas a superar el subdesarrollo de la región latinoamericana a través
del incremento de las economías. Para ello
se promovió, a escala general, la liberalización del comercio internacional y
la promoción de la inversión extranjera directa. Y en la interna de cada país,
el impulso a las privatizaciones de bienes, servicios y recursos naturales, la desregulación
de la economía y la implantación de reformas impositivas y la reducción del
gasto público.
Vilas (2008) define al Consenso de Washington una metáfora simplificadora que hace ilusión al conjunto de políticas neoliberales coincidentemente recomendadas durante las décadas de 1980 y 1990 por los organismos multilaterales de crédito con sede en esa ciudad de Estados Unidos, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Secretaria del Tesoro del gobierno de ese país, para ser aplicadas por los gobiernos de la región latinoamericana a los efectos de lograr un crecimiento económico sostenido. Con tres premisas económicas básicas: 1) que era necesario promover la inversión extranjera para que los países de la región alcanzaran el crecimiento económico sostenido; b) para atraer las inversiones era necesaria la más amplia apertura de los mercados internos; c) se debían efectuar las reformas institucionales que levantaran restricciones, subsidios y regulaciones por parte de los estados nacionales que fueran de competencia desleal al capital. Vilas “La revalorización del Estado después del Consenso de Washington. ¿Hacia atrás o hacia adelante? Argentina, 2008
En ese contexto, la firma del Tratado de Asunción y la conformación del MERCOSUR (1991) dieron continuidad a los procesos históricos y socioeconómicos de articulación de los territorios de la cuenca del Plata. En marzo de 1991 con la firma de los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se crea con el objetivo de establecer una unión aduanera, libre circulación de capital y de mano de obra. El tratado fue votado en el Parlamento, con el apoyo de la totalidad de los senadores y una amplia mayoría de diputados.
Los territorios de la cuenca del Plata, visualizados en unidad, están sujetos a reconversiones productivas (soja, arroz, forestación) y en ellos, se han proyectado megaobras que viabilicen eficientemente el proyecto globalizador.Las consecuencias sociales, económicas e incluso políticas derivadas de la aplicación de ajustes estructurales impulsados por los organismos financieros internacionales y que a escala nacional contaron con la anuencia de la mayoría de los gobiernos de la región, se manifestaron en el incremento de los niveles de explotación de los recursos naturales y humanos como consecuencia de los índices de eficiencia productiva impuestos, una depresión considerable de los salarios reales, el aumento del subempleo y desempleo, una inadecuada distribución de la riqueza, la extraordinaria movilidad de capitales y una fuerte dependencia de las economías nacionales con el capital trasnacional, que dirección la especialización productiva.
Torres Pérez “El neoliberalismo y sus
consecuencias en América Latina” (2001)
PRIVATIZACIONES a medias
Durante los gobiernos de los años 90, se aplicaron medidas económicas de corte neoliberal con apertura de la economía, tal como sucedía en otros países de América Latina. Aunque en el Uruguay la reducción del papel del Estado, en especial la ley de empresas publicas aprobada en 1991 durante el gobierno de Lacalle Herrera, fue cuestionada por parte de la ciudadanía y de los partidos políticos. El Frente Amplio y el PIT-CNT promovieron la convocatoria a un referéndum al que después se sumaron amplios sectores de los partidos tradicionales, especialmente el P. Colorado. En diciembre de 1992, el 66% del electorado apoyo la derogación de parte de la ley.
A pesar de
la oposición, se aplicaron otras medidas de privatización o de reducción del
papel del Estado. Por ejemplo, una
reforma de la seguridad social, creando las AFAP que son fondos de ahorro
individual. A partir de 1996 los bancos
privados pudieron financiar la construcción de viviendas, algo hasta entonces
exclusivo del BHU; se permitió la integración de capitales privados en algunas
empresas como PLUNA, los servicios portuarios o los seguros. El mercado laboral se desreguló y los
Consejos de Salarios funcionaban solamente en algunos sectores. También se
aplicó un ajuste fiscal con nuevos impuestos a los sueldos y a las jubilaciones.
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