URUGUAY fines de los 80
URUGUAY fines de los 80: REGRESO DEMOCRATICO. ¿Democracia plena?
DEMOCRACIA: El concepto conocido en español como democracia tiene
sus bases en el antiguo griego y se forma al combinar los vocablos demos (“pueblo”)
y kratós (“poder” y/o “gobierno”).
En la actualidad,
se entiende que la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos, en el cual el poder
no radica en una sola persona sino que se distribuye entre todos los ciudadanos.
Por lo tanto, las decisiones se toman según la opinión de la mayoría.
También se
entiende como democracia al conjunto de reglas que determinan la conducta para una convivencia
ordenada política y socialmente. Se podría decir que se
trata de un estilo de vida cuyas bases se encuentran en el respeto a la
dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y cada uno de los
miembros (fuente: definición.de).
Las
elecciones de 1984 no fueron totalmente democráticas ya que había algunos líderes
políticos proscriptos –Wilson Ferreira y Líber Seregni- o partidos políticos,
como el Partido Comunista. Se temía que
el poder de los militares continuara ya que permanecían instituciones como el
COSENA que recién fue derogado en abril de 1986. La transición no estaba completa: el desafío
para los uruguayos era recuperar el régimen democrático.
Algunos temas heredados de la dictadura ocuparon los primeros meses de gestión: los presos, los exiliados, los destituidos. Se aprobó una ley para reconocer los derechos laborales y jubilatorios de los que habían sido despedidos por sus ideas. Se crea una Comisión Nacional de Repatriados para ayudar a regresar al país a los exiliados.
El tema
más difícil de abordar fue el de los derechos humanos. Las primeras medidas
procedieron a la liberación de presos por sus ideas mediante la Ley de Pacificación
Nacional conmutaba sus penas. En cuanto
a los que hubieran cometido delitos de sangre, se consideró que la pena ya
estaba cumplida debido a las inhumanas condiciones a que fueron sometidos en
prisión. Así se liberan a los dirigentes
tupamaros.
Para la
investigar las violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno
militar, se crearon dos comisiones en el Parlamento. Paralelamente, se
presentaron varias denuncias ante la justicia responsabilizando a militares de
cometer esos delitos. El agosto de 1985,
el general Medina, comandante en jefe del Ejército, anunció que no concurría a
declarar ante la justicia apoyando a otros militares que habían sido
convocados.
Después de meses de negociaciones entre el Gobierno y otros sectores políticos, en diciembre se presentó el proyecto de lay de “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”. La ley aprobada por los legisladores del Partido Colorado y la mayoría del Partido Nacional.
Tomado de “Pensar la Historia, mundo contemporáneo”
tomo 2 (2018)
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